Al inicio del primer mandato del presidente
Obama, a pregunta expresa sobre la eventualidad de una reforma migratoria, este
escribano contestó que no sería fácil e inmediata, en un contexto dominado por
los republicanos extremistas, la política inmigratoria de Bush y la economía en
caída.
Sin duda, estas situaciones han cambiado; unas
se han profundizado negativamente, otras van entre tropezones. El segundo
mandato de Obama inicia con temas urgentes, y el de la reforma migratoria ha
generado un optimismo desbordado, sobre todo por las coincidencias entre
antagonistas.
El contexto actual parece favorecer las
convergencias, pero también las llamadas de atención. Al respecto, diversas
organizaciones pro-inmigrantes y analistas destacan algunas dificultades y
aspectos positivos de una reforma migratoria que deberá ser integral.
Por supuesto, la integralidad de la eventual
reforma no necesariamente llegará a la amnistía, como en el caso de la IRCA
(1986). La situación es profundamente compleja y diferente; además de que los
antiinmigrantes buscan que no se repitan los efectos adversos de la reforma de
Reagan.
La ciudadanía es fundamental para el presidente
Obama para resolver, tanto el actual sistema migratorio fallido como la
situación de millones de indocumentados, pero grupos pro-inmigrantes observan
que el otorgamiento de la ciudadanía podría tomar una década, por las
condiciones que implicaría.
Colorlines, un sitio web sobre raza, cultura y
organización, señala ocho aspectos: a) la mitad de las familias indocumentadas
tendrían que usar un tercio de sus ingresos para pagar las penalizaciones (diez
mil dólares); b) de 3.6 a 5.8 millones podrían ser excluidos por no dominar el
inglés.
Asimismo, c) millones podrían ser descartados
por usar o poseer papeles falsos; d) cerca de 1.6 millones de inmigrantes
podría quedar fuera por no cubrir los 5 años mínimos de residencia; e) más de un
millón podría ser excluido por no poder probar tener un empleo (un tercio son
mujeres).
Finalmente, f) 40 mil parejas del mismo sexo
podrían ser descartadas debido al Acta de Defensa del Matrimonio; g) cientos o
miles de deportados que regresaron clandestinamente podrían ser rechazados, y h)
400 mil prospectos podrían ser deportados este año según la política
inmigratoria actual.
Por su parte, los republicanos exigieron, en la
primera audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que
desean el reforzamiento de la política inmigratoria actual antes de firmar
cualquier reforma. Este hecho podría implicar más detenciones, encarcelamientos
y deportaciones.
En los últimos cuatro años 1.5 millones de
inmigrantes fueron deportados. A detenidos y deportados se les niega el acceso
a audiencia ante un juez, y muchas detenciones tienen un marcado perfil racial,
afectando en particular a las minorías y las comunidades de inmigrantes
(hispanos y mexicanos).
Asimismo, la violencia hacia los indocumentados
ha alcanzado niveles intolerables. Acorde con datos de la EMIF de El Colegio de
la Frontera Norte, el maltrato y la violencia de los agentes de la Patrulla
Fronteriza va en aumento. El abuso tiene un claro perfil racial,
discriminatorio y xenofóbico.
Esta situación se ha extendido a prácticamente
todo Estados Unidos. Las redadas, arrestos y encarcelamientos son cada vez más
violentos y se niega cualquier posibilidad a los detenidos en términos
judiciales y de derechos, pues el fin principal es deportarlos, a veces por
razones nimias.
Por ello, algunos grupos y abogados
pro-inmigrantes afirman que el precio a pagar por una reforma migratoria que
incluya la ciudadanía, será el reforzamiento y extensión de la actual política
inmigratoria, pues a pesar de los abusos se pretende evitar lo sucedido con la reforma
de Reagan (IRCA, 1986).
Sin embargo, se afirma, es un argumento simple
y llanamente anti-inmigrante y anti-mexicano. Es propaganda discriminatoria y
xenofóbica, pues ninguna medida será la “solución final” para impedir la
porosidad de la frontera. En 2012 se gastaron 18 mil millones de dólares,
¿cuánto más se necesita?, preguntan.
Este contexto tenso y difícil, no invalida los
aspectos positivos que podría tener la reforma migratoria. Parece que el debate
llevará a mayores divisiones, no solamente en el Congreso de Estados Unidos
sino también entre la sociedad estadounidense, por lo que es ahora o nunca.
Lo positivo de la reforma migratoria es de
destacarse; a pesar de las restricciones, seguro incluirá temas, medidas y
acciones que necesariamente favorezcan a la economía estadounidense. La mano de
obra indocumentada es fundamental. En la próxima entrega abordaremos estos
asuntos.
Obviedades.
1. Criminalizar a los desplazados por la violencia, la marginación, la pobreza
y la precariedad persistente en diversas regiones del estado o de entidades
vecinas, quienes arriban a Morelia y se asientan en colonias y cinturones de la
miseria y la marginación urbana no es el enfoque más adecuado para enfrentar la
inseguridad y la violencia. 2. El alegato de Mexicanos Primero, un grupo compuesto mayoritariamente por
integrantes de la elite económica que tiene secuestrado a México, sobre la
educación fallida en Michoacán y el país, tiene la única finalidad de hacerse
de los recursos públicos destinados a la educación pública, violentar el
principio constitucional del derecho a la educación pública, laica y gratuita,
e imponer una visión eficientista y productivista a la educación; buscan
imponer su visión oscurantista, neoliberal trasnochada y mercantilista. 3. Los
panistas pos-Calderón dan pena ajena al auto declararse salvadores de la matria,
cuando integrantes de su partido colaboraron activamente en el endeudamiento
del estado y el desastre del país. 4. Siguiendo con los panistas, la iniciativa
que promueven para regular marchas, plantones y en general las reuniones y
movilizaciones de la gente, no sólo podría ser inconstitucional sino también es
un monumento al fascismo, la persecución de la protesta, organización, y pretende
desmovilizar a la sociedad civil. 5. Tanto a nivel nacional como en particular
en Michoacán, los trastornos psicosociales se han agravado por la violencia.
Una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, y el director del
Hospital Psiquiátrico de Morelia, coinciden en que la sensación de injusticia,
el incremento en el consumo de drogas y la situación de pobreza impulsan
trastornos mentales como angustia, ansiedad, fobias que llevan a cuadros
depresivos graves. Lo más alarmante es que, por un lado, del 80 por ciento de
la población que padece estos cuadros únicamente 17 por ciento busca apoyo
especializado, y por el otro, no existe, en Michoacán y en todo el país, una
política pública integral al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario