Apagón en España

 

El 28 de abril de 2025, España, Portugal y parte de Francia se quedaron a oscuras. El apagón duró entre 6 y 10 horas. Esta situación, se recordará como los sucesos de Texas, en Estados Unidos, donde entre el 13 y 17 de febrero de 2021, se desconectaron 4,5 millones de personas y negocios, lo que incluso implicó un alza inusitada de las tarifas, a pesar de que la ciudadanía se quedó sin luz eléctrica. También, del 25 de febrero al 13 de marzo de 2025, en Chile 19.5 millones de habitantes sufrieron su propio apagón. Según el gobierno chileno, 12 compañías enfrentarían cargos. El hecho es que estos tres apagones tienen algo en común: la privatización de los sistemas eléctricos de estos cinco países. Y, curiosamente, son compañías privadas que presumen producir “energías limpias”, pero, al parecer, desconectaron unas u otras no tienen, por creer que no hacen falta o por ahorrar, plantas de recuperación con “energías no renovables”.

Si bien, la transición a las energías renovables es fundamental para aliviar, aunque sea mínimamente, el cambio climático, pero dejar esas plantas a las compañías privadas, a las que el derecho ciudadano a la energía eléctrica y la soberanía energética, son “irregularidades” que el mercado no se puede permitir. El regulador es el mercado y su accionar está por encima de derechos ciudadanos, Estados-nación, soberanía energética y cualquier mecanismo que “distorsione” al mercado. Los hechos antes comentados, son reales, sucedieron, uno en el 2021, el cual afectó a parte del norte de México, situación que la CFE superó en tiempo record durante el gobierno de AMLO, mientras en España, Portugal, parte de Francia y Chile, después de al menos horas y días, se recuperó la energía eléctrica.

La transición a las energías renovables es crucial, pero si se depende, en su totalidad de las compañías privadas, los apagones podrían convertirse en cotidianas, con el agravante de que a las empresas privadas no les importan los derechos ciudadanos, sino particularmente la ganancia. La soberanía energética no es una entelequia, tampoco un planteamiento del pasado. Es real e ignorarla es someter a los ciudadanos de un país a los arbitrarios designios del marcado y de los empresarios privados. En México, la recuperación de las empresas estatales, como la CFE y PEMEX, son decisivas para ejercer políticas públicas a favor de los ciudadanos. En el caso de la energía eléctrica, recordemos que antes de 2018 y de la defenestrada reforma eléctrica por la SCJN posteriormente, cómo los recibos de CFE se dispararon hasta ser impagables. Los habitantes del norte del país, sobre todo ante las altas temperaturas de primavera-verano, fueron las víctimas de los apagones.

En España, Portugal y parte de Francia, la recuperación de la energía eléctrica fue gracias a la empresa francesa pública, la que fue nacionalizada en 2023, después de depender de la empresa privada. En el contexto de Europa y la Unión Europea, no es casual que una empresa pública haga lo que las empresas privadas no harán nada, nunca. Solo falta ver en cuánto aumentarán las tarifas después de este infame apagón, que de seguro será subsidiado por el gobierno español para proteger a las empresas españolas ineficientes, corruptas y que atentan en contra de los usuarios. Seguir confiando en las empresas privadas proveedoras de servicios eléctricos, es la peor apuesta del gobierno español. A las empresas privadas no les interesan los derechos de los ciudadanos. El Estado español no puede seguir protegiendo a empresas privadas ineficientes y corruptas. La energía eléctrica, no es solo es un derecho, sino también un bien público que debe ser protegido por el Estado, para favorecer a la ciudadanía. No se trata de no cobrar por el servicio, pero sí atenuar las implicaciones de que el mercado “regule” un servicio, un derecho. Las energías limpias son fundamentales para la transición energética, pero no pueden ser la punta de lanza de una derecha empresarial a la que no le importan los consumidores, los ciudadanos.