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sábado, 7 de junio de 2025

OEA: intervencionismo imperial

 

La Organización de los Estados Americanos, un organismo al servicio del imperio estadounidense, después de actuar como observador de la elección judicial el 01/06/25, dio su “veredicto” final, aunque el gobierno mexicano, los 13 millones de mexicanos que votaron y el 80% de los ciudadanos que respalda a la presidenta de México, no le pidieron “dictaminar” sobre un proceso electoral que solo les corresponde a los mexicanos valorar y cuestionar. Como parte de sus labores intervencionistas, respaldadas por Washington, a la OEA se le “olvida” que la elección del Poder Judicial es constitucional, y si la respalda o no ese organismo espurio y el imperio, no es importante. Durante décadas, la soberanía de los países no le importa, tanto a la OEA como a Estados Unidos.

Según el “veredicto” de la OEA-Washington, el organismo espurio no “recomienda” a los países Latinoamericanos y del Caribe, “replicar” el modelo mexicano, porque es “contraproducente”; es decir, el pueblo, los ciudadanos “calladitos se ven más bonitos”, parafraseando al clásico. La “democracia” está bien en el imperio, pero es mal vista en el vecino. El ascenso de la derecha y el fascismo en Estados Unidos, respaldada por el insano voto de WASP, latinos y afroamericanos, es el modelo a seguir, no que los pueblos latinoamericanos respalden proyectos progresistas que buscan su bienestar y no el enriquecimiento de unos pocos. No podía esperarse nada distinto de un organismo que ha apoyado golpes de estado, facilitado la intervención imperial y colaborado en el aislamiento y derrocamiento de gobiernos progresistas.

En México, el “veredicto” de la OEA está de más. Es un organismo que no representa a nuestro país. La elección del Poder Judicial, aunque el exministro fascista José Remón Cossío afirme que “podría revertirse”, con todas sus limitaciones, problemas y complejidad, no será detenida por la derecha y los fascistas mexicanos. En ningún lugar de la Constitución mexicana dice que, si no votaba un número determinado de mexicanos, entonces no procedía. Tampoco la normatividad electoral descalifica el “affaire de los acordeones”, porque además hubo acordeones de todo tipo. Los que hicieron algunos ciudadanos y con ellos fueron a votar; los que repartieron desde algún poder –las acusaciones en contra de Morena por supuestamente haber elaborado un acordeón y haberlo repartido masivamente, no han sido probadas- y los que analistas y youtuberos de izquierda compartieron, no descalifican la elección.

No cabe duda que la derecha retorcerá la Constitución y las leyes electorales al presentar sus recursos de anulación, pero no es su histeria fascistoide lo que hará que las elecciones sean judicializadas y anuladas. La narrativa escatológica del “líder” de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, un delincuente por quien ningún mexicano jamás ha votado, solo aviva el odio y el desprecio de la derecha por los mexicanos. La OEA, con su “veredicto”, alimenta el odio derechista en México, no contribuye a debatir un proceso electoral constitucional, pero muy complejo y con diversos fallos. La polarización en nuestro país, no tiene su origen en la 4T, sino en la derecha y los fascistas, cuya narrativa y acciones están llenas de odio y desprecio. Las elites mexicanas –políticas, partidistas, económicas, empresariales- no abonan a la democracia. Al contrario, buscan socavarla.

México ha rechazado enérgicamente el “veredicto” de la OEA, porque se excede en sus atribuciones y busca socavar un proceso electoral legítimo, constitucional, y que solo compete a los mexicanos. El injerencismo de la OEA-Washington es insultante. No abona al debate, sino a clamar por la intervención imperial, descalificando un proceso en el que los mexicanos tienen plenos derechos para renovar su Poder Judicial. La OEA cumple bien su papel: descalificar a un país, intentar sabotear un proceso legítimo y abonar al intervencionismo del imperio.

miércoles, 30 de abril de 2025

Apagón en España

 

El 28 de abril de 2025, España, Portugal y parte de Francia se quedaron a oscuras. El apagón duró entre 6 y 10 horas. Esta situación, se recordará como los sucesos de Texas, en Estados Unidos, donde entre el 13 y 17 de febrero de 2021, se desconectaron 4,5 millones de personas y negocios, lo que incluso implicó un alza inusitada de las tarifas, a pesar de que la ciudadanía se quedó sin luz eléctrica. También, del 25 de febrero al 13 de marzo de 2025, en Chile 19.5 millones de habitantes sufrieron su propio apagón. Según el gobierno chileno, 12 compañías enfrentarían cargos. El hecho es que estos tres apagones tienen algo en común: la privatización de los sistemas eléctricos de estos cinco países. Y, curiosamente, son compañías privadas que presumen producir “energías limpias”, pero, al parecer, desconectaron unas u otras no tienen, por creer que no hacen falta o por ahorrar, plantas de recuperación con “energías no renovables”.

Si bien, la transición a las energías renovables es fundamental para aliviar, aunque sea mínimamente, el cambio climático, pero dejar esas plantas a las compañías privadas, a las que el derecho ciudadano a la energía eléctrica y la soberanía energética, son “irregularidades” que el mercado no se puede permitir. El regulador es el mercado y su accionar está por encima de derechos ciudadanos, Estados-nación, soberanía energética y cualquier mecanismo que “distorsione” al mercado. Los hechos antes comentados, son reales, sucedieron, uno en el 2021, el cual afectó a parte del norte de México, situación que la CFE superó en tiempo record durante el gobierno de AMLO, mientras en España, Portugal, parte de Francia y Chile, después de al menos horas y días, se recuperó la energía eléctrica.

La transición a las energías renovables es crucial, pero si se depende, en su totalidad de las compañías privadas, los apagones podrían convertirse en cotidianas, con el agravante de que a las empresas privadas no les importan los derechos ciudadanos, sino particularmente la ganancia. La soberanía energética no es una entelequia, tampoco un planteamiento del pasado. Es real e ignorarla es someter a los ciudadanos de un país a los arbitrarios designios del marcado y de los empresarios privados. En México, la recuperación de las empresas estatales, como la CFE y PEMEX, son decisivas para ejercer políticas públicas a favor de los ciudadanos. En el caso de la energía eléctrica, recordemos que antes de 2018 y de la defenestrada reforma eléctrica por la SCJN posteriormente, cómo los recibos de CFE se dispararon hasta ser impagables. Los habitantes del norte del país, sobre todo ante las altas temperaturas de primavera-verano, fueron las víctimas de los apagones.

En España, Portugal y parte de Francia, la recuperación de la energía eléctrica fue gracias a la empresa francesa pública, la que fue nacionalizada en 2023, después de depender de la empresa privada. En el contexto de Europa y la Unión Europea, no es casual que una empresa pública haga lo que las empresas privadas no harán nada, nunca. Solo falta ver en cuánto aumentarán las tarifas después de este infame apagón, que de seguro será subsidiado por el gobierno español para proteger a las empresas españolas ineficientes, corruptas y que atentan en contra de los usuarios. Seguir confiando en las empresas privadas proveedoras de servicios eléctricos, es la peor apuesta del gobierno español. A las empresas privadas no les interesan los derechos de los ciudadanos. El Estado español no puede seguir protegiendo a empresas privadas ineficientes y corruptas. La energía eléctrica, no es solo es un derecho, sino también un bien público que debe ser protegido por el Estado, para favorecer a la ciudadanía. No se trata de no cobrar por el servicio, pero sí atenuar las implicaciones de que el mercado “regule” un servicio, un derecho. Las energías limpias son fundamentales para la transición energética, pero no pueden ser la punta de lanza de una derecha empresarial a la que no le importan los consumidores, los ciudadanos.