Michoacán: Entre la ingobernabilidad y la guerra

Más allá de pruritos ideológicos, asistimos a la agudización de la ingobernabilidad en Michoacán. Ya no es un epíteto, arrogancia partidista, postura ideológica o mercadotecnia. El actual gobierno priista, entre quejas contra el anterior, exhibición mediática, parálisis burocrática, naufraga.

El naufragio es, como vemos en los medios y en la realidad, de consecuencias incalculables. Las autodefensas son grupos armados de corte paramilitar que hoy tienen objetivos concretos en contra de criminales bien identificados, grupos que crecieron a la vera de la inacción y complicidad gubernamental.

Como la CNDH afirmó, las autodefensas son ilegales, pero surgieron porque los gobiernos federal, estatal y municipal, nada han hecho por la seguridad de la población. Igualmente porque prevalece la complicidad, impunidad e imposición de la fuerza de los delincuentes que parecen gozar de protección.

Los registros etnográficos de algunos investigadores, periodistas y gente común que se atreve a narrar las atrocidades de los criminales erigidos en autoridad por diversas vías, ofrecen testimonios de extorsión, secuestro, asesinato, violencia cotidiana, violación a niñas y mujeres, ejecuciones.

Según diversos medios, la delincuencia organizada posee una fuerza de al menos 10 mil efectivos, todos entrenados para asesinar, secuestrar, extorsionar e imponer la enfermiza voluntad de un grupo que violenta la cotidianidad de miles de pobladores con el pretexto de luchar contra otros carteles.

En las dos últimas semanas, la violencia ha subido de tono, por el avance de las autodefensas, en un contexto de inacción y parálisis gubernamental, cuyo despliegue mediático naufraga. Su comunicación social pretende escamotear el derecho a la información, en aras de una simplista imagen.

Y finalmente, este fin de semana el gobierno estatal claudicó y urgió acciones del gobierno federal, el cual se regodea con una costosa campaña mediática de mentiras para celebrar las “reformas estructurales”, mientras la delincuencia organizada y las autodefensas se enfrentan en nuestro estado.

El lunes, después de una reunión en la que el gobierno federal afirmó que tomará el control de la zona de conflicto, y el arribo de cientos, quizás miles de nuevos efectivos, la pequeña guerra parece que dará un nuevo giro, pero en contra de las autodefensas, como ocurrió en la población de Antúnez.

No hay, desde la perspectiva de este escribano, novedad en la estrategia. El ejército va en contra de las autodefensas, pero no contra los criminales. Lo mismo han hecho los dos últimos gobiernos del estado. Su inacción, burocratización y perversidad mediática, alimentaron el escenario actual.

El gobierno estatal, entre anuncios mediáticos (“despachará de manera recurrente” en la zona de conflicto), se atrinchera en Morelia, una ciudad en la que la inseguridad va al alza. Robos de vehículos, asesinatos, ejecuciones, extorsiones, inacción y obras de relumbrón.

Por supuesto que esta pequeña guerra tiene como principal escenario la Tierra Caliente, pero la gente guarda largos silencios en las ciudades a las que actualmente arriban los desplazados de la zona de conflicto, porque sus nuevos destinos no están libres de delincuentes e inacción gubernamental.

En alguna pasada colaboración sostuve que el conflicto, concentrado en una zona, no debía ser usado políticamente para solicitar la desaparición de poderes. Lo sigo sosteniendo, pero urge desburocratizar y dejar de usar la costosa campaña mediática en marcha para aparentar que todo está bien.

La estrategia debe ser clara. El crimen organizado, sus bases de apoyo, las redes que tejió en el último decenio, fuentes financieras y cómplices, deben ser removidos paulatinamente para que la conflictividad descienda. Esta lucha, que hasta la fecha no se ha dado, debería ser el principal objetivo.

Sin duda, las autodefensas deberán desarmarse paulatinamente también. Pero los gobiernos federal y estatal, no pueden seguir con su campaña mediática donde la lucha contra el crimen organizado apenas aparece, mientras las autodefensas se mueven entre el fuego criminal y la inacción gubernamental.

Al descender la conflictividad en la zona, deberá implementarse una política pública fuera de partidismos y complacencias altruistas y caritativas. Es urgente penetrar las entrañas de la estructura social y económica para revertir el proceso social e ideológico que hizo de la delincuencia organizada alternativa de vida.

Es claro que tales acciones van más allá del electorelismo de la Sedesol y otras instancias supuestamente encargadas de combatir la pobreza. Es necesario reconocer, asumir y diseñar una política pública que revierta décadas de abandono gubernamental, marginación, precariedad, pobreza.

Un artículo del Global Post (01/13/2014), señala que las autodefensas están llenando el vació dejado por el gobierno y representan un desafío de incalculables consecuencias. Son ilegales, pero contradictoriamente la presencia del crimen organizado ha sido normalizada, o al menos eso se pretende.

En realidad, el crimen organizado ocupó en diferentes momentos los vacíos dejados por el gobierno. A nivel de las estructuras socioeconómicas de cientos, quizás miles de comunidades y localidades, la presencia de la delincuencia se fue normalizando por la inacción gubernamental.

A este escribano le han narrado historias en las que la delincuencia organizada actúa como benefactora y autoridad, por medio del uso de la fuerza, el asesinato, la extorsión, la amenaza, las ejecuciones, las violaciones, el chantaje, el secuestro. El tejido social fue colonizado por estas prácticas en el último decenio.

Las autodefensas están ocupando los vacíos gubernamentales, particularmente el de la seguridad, porque las complicidades en variados niveles han paralizado la obligación del Estado, no sólo de usar legítimamente la fuerza sino también que la gente viva segura y no amenazada y con miedo.

Observemos cómo se desarrolla este nuevo episodio. La estrategia, nada novedosa, pretende controlar la zona de conflicto ante el avance de las autodefensas, pero olvida que la delincuencia podría desplazarse hacia otras regiones del estado, lo que no parece estar en la agenda gubernamental.

Finalmente, en tanto las complicidades tejidas durante años, tanto a nivel del tejido social como institucional no sean exhibidas y desmanteladas, esta “nueva” estrategia del gobierno federal tendrá poco éxito. Las armas pueden hacer mucho, pero el problema de la delincuencia y sus vínculos es estructural.

Subordinación e intransigencia

Durante el último gobierno panista, la relación México-Estados Unidos, por esquizofrenia personal, ignorancia y mediocridad, favores económicos para implementar esta guerra que empeora, cayó en la total subordinación a la política y estrategia interna y continental de la Unión Americana.

Ahora el gobierno priista confirma que más vale estar subordinado que protagonizar una relación bilateral en la que la vecindad geográfica, la dependencia económica, un proceso migratorio histórico, entre otros, sean integrados a una estrategia que favorezca a nuestro país.

Señala un subsecretario de la SRE, que en cuanto a los millones de indocumentados mexicanos, no se le va a dar “gusto” a quienes insisten en que el gobierno mexicano tenga una postura activa en un problema claramente bilateral, diplomático, económico, político y social.

Como en el siglo pasado, ni regresen, quédense en Estados Unidos y cualquier cosa que ese país les otorgue, es lo mejor que podrían tener. Mientras tanto, México “calladito”, sin aspavientos, se ve bien. Que los indocumentados, expulsados por los gobiernos pasados se las arreglen.

La postura mexicana está a tono con la política continental estadounidense que define la migración como potencialmente terrorista. Y en la estrategia México es parte de un entramado en la que nuestra frontera sur es clave para regular y detener la migración centroamericana y el sur continental.

Barak Obama profundizó la política restrictiva contra la inmigración que George W. Bush implantó a raíz de los atentados terroristas de septiembre de 2001. El segundo promovió las redadas y detenciones, mientras el primero las acentuó criminalizando y deportando a 400 mil inmigrantes cada año.

El cálculo político, que no alcanza a arraigar entre la derecha republicana, el Tea Party, los antiinmigrantes y los anglosajones blancos protestatanes (WASP, siglas en inglés), ha llevado al escalamiento de una política inmigratoria discriminatoria, restrictiva y violatoria de los derechos humanos.

Mientras tanto, en nuestro país el gobierno actual marcha con el estadounidense en acatamiento a una estrategia que ve en los inmigrantes indocumentados una seria amenaza. Una política continental que incluye la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el saneamiento económico del país del norte.

Pero no solo eso. El gobierno mexicano espera, ante la eventualidad de una reforma migratoria, alejar el fantasma del retorno masivo que termine por romper el aparente idilio mediático que propaga unas supuestas “reformas estructurales”, donde el extranjero es lo único que salvará a este país.

En el plano interno, la “guerrilla” mediática que intenta fijar en las percepciones de la ciudadanía un país inexistente y un futuro aún más improbable, no cesa. Pero cada día esa plataforma ideológica-política se desvanece, a pesar de los jilgueros mediáticos. Las reformas están despeñándose.

Tal es el caso de las reformas educativa y laboral. La primera restringe y atenta contra los derechos laborales del magisterio, además de suponer que los padres de familia, sin tomar en cuenta su condición de precariedad, tendrán que financiar una educación pública definida por el empresariado.

La reforma laboral únicamente ha acentuado la precariedad laboral, para solaz esparcimiento de los empresarios y los abusos de los “emprendedores” del outsourcing. Datos oficiales muestran la caída libre del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y la indefensión de los trabajadores.

Como se observa en los presupuestos de egresos e ingresos, tanto de la federación como de Michoacán, la austeridad se aplica a los ciudadanos. Los legisladores, burócratas de primer nivel, las áreas de propaganda (de comunicación social nada tienen), tendrán aumentos más que sustantivos.

A la fecha, las reformas educativa y laboral, junto con la propaganda de austeridad, están deslegitimadas. Una es parte del saldo favorable de la movilización magisterial; la segunda, las estadísticas la han evidenciado, y la tercera, sigue produciendo efectos contrarios a los que se pretenden.

Sin duda, “Manuel” e “Ingrid” terminaron de desnudar a los gobiernos de todos los colores, al nacional y los estatales. Mientras la fiesta seguía, el desastre nos mostró la realidad de un país devastado económica, social y ecológicamente. La marginación, la pobreza, la violencia, la precariedad, siguen ahí.

En la relación México-Estados Unidos continuará la herencia panista que también devastó y desfiguró la larga tradición mexicana en cuanto a su papel en las relaciones internacionales, mientras internamente la intransigencia de hecho y mediática exhiben las caras de un gobierno y un país con graves problemas.

Obviedades. 1. Es razonable suponer que en cuanto al IVA en alimentos y medicinas y otros impuestos planteados en la “reforma hacendaria”, los diputados y senadores harán su tarea: aplicarlos para así dar otro respiro a un presidente de la república cada vez más cuestionado y con importantes derrotas. 2. Estudiantes de universidades privadas, en su derecho, alzan la voz en contra del IVA en las colegiaturas, pero el “movimiento” tiene tufo pro-empresarial. La IP usando a sus estudiantes para presionar al gobierno de EPN. 3. En Sinaloa, el cartel del golfo reparte despensas ante la parálisis priista, mientras en Michoacán en mantas se acusa a ese mismo gobierno de complicidad e inoperancia. 4. Dice Gustavo Madero, el presidente del PAN, junto con los pripanistas, que la privatización del petróleo y el sector energético de este país está “sobreideologizada” como para someterla a consulta, pero saben que una mayoría de mexicanos, independientemente de su grado de conservadurismo, porque la izquierda sigue siendo una minoría, se opone. 6. El Papa Francisco, en una extensa y provocadora entrevista, llamó a la anquilosada Iglesia católica y a sus fieles, a hacer a un lado los extremismos sobre el aborto, la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, para renovar una religión que debería ser luz ante tantas injusticias, discriminación y abuso de poder. 7. 232 millones de personas, 3.2 por ciento de la población mundial, viven actualmente en otro país. La mayoría de los migrantes salen del sur para asentarse en otras naciones del sur y del norte, mientras Estados Unidos sigue siendo el principal receptor. 8. El Pew Hispanic Center, en su reciente reporte, afirma que la tendencia a la disminución de la inmigración indocumentada en la Unión Americana se está revirtiendo. A marzo de 2012, el número de indocumentados llegó a 11.7 millones respecto a los 11.3 de 2009. 9. Efectivamente, el tipo de cambio ha aligerado la caída continua de las remesas, pero ya es supina ignorancia seguir viéndolas como la única oportunidad para el bienestar de las familias, mientras ninguna política pública se pone en marcha en nuestro estado. 10. La emigración del sur del país a Estados Unidos sigue cobrando relevancia: 81 por ciento son jóvenes entre 20 y 39 años que no han concluido la secundaria; el 73 por ciento son hombres y el 27 por ciento mujeres.