jueves, 13 de diciembre de 2012

Migrantes mexicanos en Estados Unidos

La migración mexicana a Estados Unidos presenta actualmente variados contrastes. Como se muestra en el reciente informe del BBVA Bancomer (Situación migración México, noviembre 2012), la selectividad, segmentación de los mercados laborales y la calificación de los mexicanos, juegan un importante papel en el centenario proceso migratorio.
Esta situación es parte de la historia migratoria a Estados Unidos. En diferentes momentos históricos, la selectividad ha definido los flujos mayoritarios de emigrantes mexicanos que se insertan en los mercados laborales estadounidenses. A pesar de los cambios en perfiles, patrones y modelos migratorios, se requiere un cierto tipo de trabajadores migratorios.
Así como históricamente a los mexicanos se les ha considerado mano de obra y no necesariamente migrantes, las políticas migratorias, explícitas o implícitas, tanto de Estados Unidos como en México, impulsan la salida y recepción de trabajadores cuya baja calificación es fundamental. Y ese es el papel de los mexicanos.
La mayoría de los mexicanos se insertan en mercados laborales segmentados en los que no se requiere mayor calificación. El estudio de BBVA Bancomer es elocuente. Además de tener los menores niveles de escolaridad, perciben los salarios más bajos; y ocupan puestos de trabajo necesarios, pero ubicados en los últimos niveles de la estructura económica.
Adicionalmente, el empleo de los migrantes mexicanos está desvinculado de los demás grupos latinos. Mientras estos últimos han ido recuperando los puestos de trabajo que perdieron durante la recesión, los mexicanos se encuentran por debajo de los niveles anteriores. Esta situación está marcada por las acciones antiinmigrantes.
El impacto de la ley SB1070 ha sido de largo alcance. Su contribución al clima antiinmigrante es innegable; desató una cacería en contra de los inmigrantes mexicanos en particular. Recordemos que de los inmigrantes indocumentados, el 60 por ciento son mexicanos, y más del 50 por ciento de los mexicanos son indocumentados.
A la selectividad, la segmentación de los mercados laborales y la baja calificación laboral, se suma la discriminación, en un contexto en el que la racialización define la inserción en la sociedad estadounidense. Las estrategias históricamente emprendidas por los inmigrantes mexicanos para adaptarse a la adversidad, hoy enfrentan mayores retos.
Esta situación tiene diversos impactos, como es el caso de las remesas. De seguir las tendencias recientes, su recepción se ubicaría por debajo de la cifra de 2011. A nivel familiar y local es donde su baja se reciente más. Su gasto en alimentación, salud, educación, vivienda, entre los más importantes, se contrae de modo particular.
Por ello, como he insistido en diversos foros, ninguna política pública puede basarse en la recepción de las remesas. Son los ingresos que los migrantes obtienen por la venta de su fuerza de trabajo; primordialmente, son para llevar bienestar individual y colectivo a las familias y localidades de origen de los migrantes.
En el caso de los mexicanos, el llamado “problema” migratorio tiene implicaciones que van más allá de lo estrictamente económico y laboral. Como lo sugerí en una pasada entrega y en un foro académico, los inmigrantes mexicanos no son absolutamente necesarios. Estados Unidos demanda fuerza laboral calificada, no la encuentra entre los mexicanos.
Lo anterior no significa que su trabajo no sea importante e incluso necesario en algunos segmentos del mercado, el problema es que la selectividad migratoria opera de maneras que favorecen la reproducción de situaciones que implican la inserción de los mexicanos de modo desventajoso respecto a otros grupos de latinos y otras minorías.
Este panorama debe llevarnos a la reflexión, no solamente a los académicos, particularmente a los legisladores, funcionarios públicos, tomadores de decisiones, en el sentido de repensar nuestras percepciones y certezas sobre la migración México-Estados Unidos, para definir tanto la relación con la diáspora como las políticas en su favor.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Migración: converger visiones



Este cambio de gobierno, que implica también el retorno del PRI, después de 12 años de alternancia encabezada por el PAN, cuyos saldos en los diferentes problemas y políticas son poco halagüeños, es un buen momento para redefinir las grandes líneas de la relación gubernamental con la migración mexicana.
Salvo el planteamiento promovido por el ex-canciller Jorge Castañeda en el gobierno de Vicente Fox, desestimado por el gobierno estadounidense a raíz de los ataques terroristas de 2001, durante el sexenio que está por terminar el tema se movió entre el discurso triunfalista de las estadísticas y la ignorancia.
Con Fox, la institucionalización del 3x1 devino en “la política” para entablar una relación, a veces exitosa, a veces ríspida, con parte de la diáspora mexicana, representada por algunos líderes, grupos de interés, consultores, académicos y organizaciones, que dio cauce a nuevas formas clientelares y corporativas.
Asimismo, significó un buen intento por desplegar el supuesto modelo de desarrollo basado en las remesas, promovido, bajo otros epítetos, por organismos financieros y de desarrollo internacionales, partidos políticos, consultores, académicos, organizaciones y grupos clientelares y corporativos.
Durante el calderonato, tanto el 3x1 como los vínculos con los supuestos representantes de la diáspora mexicana, sirvieron para aparentar que se administraba la migración mexicana, pero como una calamidad, a la que únicamente se le vio como oportunidad económica para realizar obra a nivel local.
El 3x1 y los migrantes organizados en el exterior y en sus localidades de origen, multiplicaron los beneficios de las remesas ante el abandono gubernamental, la escasa atención pública municipal y local, carencia de estrategias para aminorar la migración, y persistencia de las condiciones que impulsan la migración.
Más allá de los resultados de la reunión entre Enrique Peña Nieto y Barack Obama, las visiones en México sobre la migración mexicana a Estados Unidos deben cambiar, para converger en una política pública capaz de aprender de lo hecho hasta ahora, pero sobre todo para generar una política integral.
La visión de la migración como una calamidad (fatalidad, dice Rodolfo García Zamora), debe dar paso a una visión de la complejidad del proceso migratorio en el sentido de la movilidad humana internacional, global, transnacional. Desde hace décadas, la migración México-Estados Unidos dejó de ser un asunto bilateral.
Si bien, el gobierno y la sociedad estadounidense asumen la inmigración como tema doméstico, es necesario que en el marco de las relaciones diplomáticas de dos países que son socios comerciales, vecinos y aliados en asuntos como la seguridad, se exploren vías para regular la circulación de mano de obra.
La visión sobre la complejidad de la movilidad humana, implica ir más allá del control de la migración internacional en nuestro territorio, que incluye regular la migración mexicana y la transmigración, pues esta idea únicamente se encamina a compatibilizar las acciones en México con la política de Estados Unidos.
En las últimas semanas, ha circulado información proveniente del encargado del tema migratorio en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto sobre la sugerencia de implementar una patrulla fronteriza en nuestra frontera sur, para detener la transmigración indeseable.
La criminalización de la transmigración, como sucede con los mexicanos indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos, únicamente justifica una barrera de abusos y maltrato a los transmigrantes. Es importante regular la movilidad humana, pero una política controladora no es la solución.
Si bien los cambios en las leyes y políticas públicas pueden redefinir la relación gubernamental con la migración, es necesario dejar de pensarla como la gran oportunidad que supone como negocio, clientela política y solución de los problemas del desarrollo local.
Esta percepción incluye redefinir la política migratoria como simple atención a las familias de los migrantes en las localidades de origen; reparto de recursos para obras y acciones de diverso tipo, y enlace para el reforzamiento clientelar y simbólico de gobiernos locales con grupos de interés allende el río Bravo.
Asimismo, es importante dejar de concebir la migración como un asunto desligado de las relaciones diplomáticas, comerciales y bilaterales entre México y Estados Unidos. Históricamente, la migración mexicana alimenta el mercado laboral estadounidense, lo que repercute positivamente en su economía.
Pero en los últimos veinte años, buena parte de la inmigración mexicana ha construido un espacio transnacional necesario para las economías de ambos países. Además, las actividades de los inmigrantes de origen mexicano de primera, segunda, tercera generación, son fundamentales para Estados Unidos.
En cuanto a los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, su restitución es fundamental, pero es urgente redefinir los vínculos clientelares y corporativos que han pesado tanto en estos 12 años. El voto migrante no puede seguir siendo el objetivo central del reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.
Las iniciativas que se planteen no pueden seguir pidiendo recursos públicos para las pasarelas de funcionarios, políticos, grupos de interés y líderes migrantes en Estados Unidos. Una nueva circunscripción electoral tampoco resolverá los niveles de votación, menos el obsequio de diputaciones o puestos políticos.
Finalmente, como parte de estas convergencias, las otras migraciones, la interna, la de tránsito, y la que se está asentando en México, como es el caso de las colonias de centroamericanos en el norte, tienen que ser incluidas en la política migratoria que podría surgir del nuevo gobierno.
Según funcionarios en México y Estados Unidos, el tema migratorio mexicano forma parte del encuentro de Peña Nieto con Obama, pero un planteamiento proactivo mexicano es necesario. El gobierno estadounidense ofrecerá una reforma migratoria, pero todavía no sabemos la postura de los republicanos.
Coincido con Rodolfo García Zamora cuando afirma que la migración tiene que formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, mas no como subtema de alguna estrategia general, sino como planteamiento que destaque su complejidad y transversalidad. Una secretaría tampoco resolvería el problema.
El gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre, aparte de los modos como se hizo del poder, debe implicar un cambio de fondo en la relación México-Estados Unidos. El tema migratorio, en la perspectiva de la movilidad humana, puede ser un buen punto de partida, para ir más allá de compatibilizar las acciones mexicanas con las políticas de ese país.