Violencia contra las mujeres

 

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o Día Naranja, el 25 de noviembre, decretado oficialmente por la ONU en 1999, nos recuerda que, en el capitalismo, la sociedad patriarcal sigue ejerciendo las peores violencias contra las mujeres de todo el orbe. No hay nada que celebrar, sino arreciar la marcha hacia una sociedad en la que el proceso civilizatorio arraigue una cultura en la que los hombres respeten la vida, el cuerpo, los sueños, los intereses, las aspiraciones, de las mujeres. En México, una mujer es asesinada cada 2.5 horas, pero no es un homicidio o una muerte “simple”; es un feminicidio, porque a las mujeres los hombres –parejas, familiares, crimen organizado, delincuencia- las matan por ser mujeres. Son crímenes de odio.

Asimismo, la violencia contra las mujeres tiene otras manifestaciones: bajos salarios, discriminación laboral y social, violencia económica, familiar, psicológica, vicaria, abusos, maltrato violaciones. Y la situación puede ser más grave tratándose de mujeres indígenas, de comunidades originarias y afromexicanas. Todavía, por ejemplo, en algunas comunidades de Oaxaca, la venta de las niñas es parte de las prácticas locales. En la violencia contra las mujeres, no solamente el Estado mexicano tiene un papel; igualmente, la Iglesia católica y el Poder Judicial. A nivel nacional se multiplican los casos de mujeres encarceladas por abortar, independientemente de las circunstancias. No olvidemos el caso de una niña de 14 años, a quien el fiscal de Querétaro ordenó prisión domiciliaria y la había condenado a pagarle, a su violador, 500 mil pesos por un aborto espontáneo. Muchas mujeres están en la cárcel por defenderse de su agresor.

El patriarcado no descansa reglamentando y normando la vida reproductiva, sexual, laboral, emocional, sentimental de las mujeres. A la mayoría, se les educa para ser objetos sexuales. Objetos para el uso, abuso y disfrute del hombre. La erradicación de la perversa “costumbre” del piropeo lascivo, pervertido y lujurioso, es difícil, porque hay mujeres que, como parte de su educación como objeto sexual, lo esperan y celebran. Si los hombres no las lascivan en la calle, se sienten rechazadas. Pero no es porque solo porque se vean así mismas como objetos sexuales, sino porque el patriarcado las educó de ese modo y les exige actuar en consecuencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó una campaña para concientizar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque no es normal. Aunque el patriarcado y el machismo en que las cosas son como los hombres deciden, es necesario ponerle un alto a las múltiples violencias contra las mujeres. En las relaciones, interacciones y vínculos entre los hombres y las mujeres, nada es natural ni normal. Todo está atravesado por construcciones sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas y de género. La manera en la que los hombres perciben e interactúan con las mujeres, está socialmente construida por el género. Y no, la “ideología de género”, espantajo terminológico inventado por el machismo, la derecha y el fascismo, no existe. El género es una construcción social y cultural, basada en las expectativas del patriarcado y el machismo sobre las mujeres. No hay nada natural.

En el actual sexenio, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirma de manera contundente que no llegó sola, sino todas las mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres es esencial. De ningún modo se hace a un lado a los hombres, pero sí se les exige que repiensen su sitio en el entramado social, cultural, económico, político, religioso, que sostiene al patriarcado y el machismo. Las masculinidades están obligadas a cambiar. Es necesario que la sociedad mexicana rechace las normas heterosexuales, machistas y patriarcales. No habrá paz si la violencia contra las mujeres no es erradicada. Los feminicidios deben parar. Los hombres machistas, libidinosos, deben asumir que la transformación urge detener la violencia de todo tipo.

Órganos autónomos: opacidad, privilegios y malversación de dinero público

 

En su momento, AMLO abordó con particular interés público el caso de los órganos autónomos, creados en el contexto del neoliberalismo, con la finalidad de promover la competencia e innovación, pero en realidad sirven para justificar las veleidades del mercado y favorecer a las empresas privadas y la oligarquía. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, de las reformas al artículo 27 constitucional que sujetaron las tierras ejidales al mercado, generando una nueva concentración de la tierra en pocas manos, a las llamadas reformas estructurales impuestas por Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRIANRD, pasando por la destrucción de empresas públicas como Luz y Fuerza del Centro que lanzó a las calles del desempleo a más de 40 mil trabajadores, situación orquestada por la dupla del narcogobierno encabezado por Felipe Calderón y Genaro García Luna, el objetivo ha sido favorecer la depredación del país.

Competencia, competitividad, innovación, son tres términos que han devenido mitos geniales del neoliberalismo en México. Fueron el gran pretexto para inventar organismos reguladores que no regulan, porque en nuestro país los monopolios privados abundan. Los mal vistos son los públicos. Según esa terminología, las empresas públicas no compiten, pues no crean riqueza e impiden a la iniciativa privada invertir libremente; no son competitivas, pues son ineficientes, burocráticas y corruptas, y no innovan, inhiben la innovación, porque no compiten ni son competitivas. Son un lastre para el mercado. De ser verdad, entonces ¿por qué empresas públicas con números rojos, como Telmex, fueron malbaratadas? ¿por qué Pemex fue fragmentada y algunas de sus filiales fueron vendidas sin ganancias para la empresa estatal? Preguntas similares pueden ser hechas sobre la industria eléctrica. La producción de energía eléctrica era parte de un monopolio privado, cuyos privilegios abarcaban no pagar por la infraestructura y la transmisión eléctrica.

Hoy, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la aprobación en lo general de una iniciativa que desaparecerá a siete órganos “autónomos”, la oposición grita sus supuestas bondades, pero nada dice que fueron pillados en corruptelas y favoritismos. Pero no es solo ese el problema. Los autollamados órganos autónomos han construido sus propios castillos de privilegios, corruptelas y saqueos. Las estructuras burocráticas han sido erigidas, no para regular lo que en sus normas plantean, sino para favorecer componendas económicas y políticas, además de que, como en el INE, por ejemplo, esos organismos eran repartidos acorde con los intereses de los partidos políticos, cabilderos de empresas privadas y la oligarquía. Más de 30 mil millones de pesos han costado al erario público, mientras se han convertido en espacios para las componendas con transnacionales y negocios nacionales.

Que desaparezca el INAI, el IFT, la COFECE, el CONEVAL, entre otros órganos autónomos, no causará inestabilidad o retroceso, pues las funciones de los mismos existían previamente a su declaración de organismos constitucionales, con lo que se pretendió blindar al mercado y los negocios privados, condenando a las empresas públicas a la desaparición. La autonomía técnica prevalece, pero se les quita la protección constitucional para avalar componendas, fraudes, negocios, privilegios, corruptelas y saqueos. En Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, existen organismos que cumplen con las funciones técnicas de los supuestos órganos constitucionales mexicanos, y jamás se ha inventado la “necesidad” de protegerlos en las Constituciones de esos países y áreas económicas. Para el neoliberalismo mexicano era “necesario”, pues no se trataba de innovación, competitividad y competencia, sino de tener a la disposición de las transnacionales y las empresas mexicanas instancias que protegieran sus negocios y arreglos.

La oposición afirma que se afectan los derechos humanos, la estabilidad, a los consumidores, pero son solo parte de una narrativa de la derecha, que pretende defender instancias a las que ahora llaman “contrapesos”, cuando en la Constitución solo se les dieron funciones técnicas y regulatorias. Los siete organismos autónomos que desparecerán, jamás han sido “contrapesos”.