La derecha, el fascismo y los medios corporativos, ante el fracaso de
sus estrategias encabezadas por la SCJN y el Poder Judicial –amparos, acciones
de inconstitucionalidad, revisiones ilegales e intentos por declarar
inconstitucional la Constitución mexicana- arrecian su campaña en la prensa
escrita, la radio y la televisión, sembrando la urgencia de un golpe de estado
liderado por la SCJN. En reciente entrevista con la misógina y fascista Azucena
Uresti en Radio Fórmula, el fascista exministro José Ramón Cossío Díaz,
amanuense del narco foxismo-calderonismo, sembró la “hipótesis” en la que la
SCJN declara la inconstitucionalidad de la Constitución y aprueba la ilegal “revisión”
del ministro González Alcántara Carranca, dando pasó a “dos constituciones”, y
el supuesto desacato de la presidenta de México y el Congreso de la Unión a la
ilegal resolución, implicando que la SCJN podría destituir y detener a Claudia
Sheinbaum, diputados y senadores.
En su delirio mediático, los fascistas Uresti y Cossío, la primera con
expresiones de asombro y felicidad, el segundo jugando con la ignorancia y
estupidez de la locutora, intentan sembrar un golpe de estado, pero el
exministro nada dice sobre la ilegalidad total de la SCJN y el Poder Judicial
en sus amparos y “revisiones”, atentando en contra de la Carta Magna. Tanto la
Ley de Amparo –artículo 61- como el artículo 135 constitucional son más que
claros: la Constitución mexicana, porque ya no estamos hablando de “la reforma
judicial”, sino de la Constitución que ya incorporó lo que el Constituyente
revisor y reformador mandató, a través de la mayoría calificada en el Congreso
de la Unión y la mayoría de los Congresos estatales. Para la derecha es fácil manipular
la ley y hacerse los expertos y sabihondos, pero lo único que hace es usar la
ignorancia de una mediocre entrevistadora para “hipotetizar” sobre un presunto
golpe de estado que le permita a la derecha y al fascismo mexicano apoderarse
del país de nuevo.
Hasta hoy, han renunciado los 8 ministros que buscan, con sus ilegales
medidas, derrocar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. En todos los casos,
además de ingentes autoelogios en sus supuestas cartas de renuncia –ya el presidente
del Senado de la República comentó, irónicamente, que no se las dirigen acorde
con su cargo, sino al elusivo “pleno” del Senado- se declaran en contra de la
Constitución –siguen usando el epíteto de “reforma judicial”, que ya no es-,
pero se acogen a lo que dice sobre su haber de retiro. Es decir, intentan
declarar inconstitucional la Constitución, pero renuncian acorde con lo que la
Constitución establece. Se llevarán un millonario haber de por vida, porque en
todos los casos se trata de recursos públicos que no les serán otorgados por
una única vez, sino de por vida, incluyendo a sus familiares directos. En este
contexto, tal parece que la SCJN y la oligarquía, con sus partidos derechistas
comparsas, ante su estrepitoso fracaso golpista, pretenden poner en la mesa una
extorsión o una negociación.
En este sentido, usan el supuesto de que la “propuesta” de González Alcántara
Carranca para extorsionar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo: te amenazo
con aprobar la ilegalidad, pero renuncio para embolsarme millones de pesos, si
no aceptas las falacias legaloides que esgrimo y genero una crisis
constitucional. O, en todo caso, buscan negociar una salida airosa de los 8
ministros para eludir un posible juicio político o una disolución de la SCJN y
un golpe mayor al Poder Judicial. En ambos escenarios, el golpismo trata de
erigirse como el factor determinante. La escena mediática protagonizada por el
exministro Cossío con la ignorante entrevistadora Uresti, es parte de la
extorsión o la negociación. Incluso, la “izquierda buenaondita” comandada por
Julio Astillero dedicó parte de su programa youtubero especula sobre la “necesidad”
de que la presidenta de México y el Poder Legislativo “acepten” la ilegal
resolución de la SCJN, sin más argumento que “más vale rendirse” para negociar
un elusivo acuerdo con una ilegal decisión, desde el origen, de la SCJN, en el
que el conflicto de interés, el abuso de poder y el autoritarismo campean.